En la era digital, las agresiones contra las mujeres han trascendido el espacio físico para instalarse con fuerza en los entornos virtuales. La violencia digital se ha convertido en una de las problemáticas emergentes más preocupantes, afectando de manera particular a mujeres jóvenes y niñas en México.
Este tipo de violencia incluye la difusión no consensuada de imágenes íntimas, el acoso en redes sociales, la suplantación de identidad, la amenaza, el hostigamiento y la extorsión digital, entre otras formas de agresión que buscan vulnerar la integridad, la privacidad y la seguridad de las mujeres.
Gracias al impulso de activistas como Olimpia Coral Melo, esta problemática ha sido visibilizada a través de la llamada Ley Olimpia, una serie de reformas legislativas que ya han sido adoptadas por las 32 entidades federativas del país. Esta ley representa un avance significativo al tipificar la violencia digital y establecer sanciones claras para quienes la cometan.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2023), el 79% de las mujeres de entre 18 y 29 años usuarias de internet en México han sido víctimas de al menos una forma de violencia digital. Las más comunes son el envío de contenido sexual no solicitado, el contacto con fines sexuales por parte de desconocidos y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
La Fiscalía General de la República reportó que los delitos vinculados a la violencia digital aumentaron un 32% entre 2022 y 2024, siendo los estados de Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Puebla los que concentran el mayor número de denuncias.
Sin embargo, a pesar del marco legal, persisten importantes retos en materia de prevención, atención y justicia. Muchas víctimas continúan enfrentando la revictimización por parte de autoridades, la lentitud en los procesos judiciales y la impunidad: sólo el 4% de los casos denunciados por violencia digital llegan a una sentencia condenatoria, según datos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Organizaciones feministas han exigido mayor capacitación para autoridades, campañas de concientización en escuelas y espacios públicos, así como el fortalecimiento de unidades especializadas en ciberdelitos con enfoque de género. Asimismo, urgen la creación de protocolos de actuación estandarizados a nivel nacional para atender este tipo de casos con perspectiva de derechos humanos.
Patricia Franquesa, víctima de sextorsión
La directora y documentalista Patricia Franquesa vivió en carne propia la violencia digital cuando, tras el robo de su computadora en 2019, fue víctima de sextorsión. Imágenes íntimas suyas fueron difundidas sin su consentimiento, lo que la llevó a enfrentar una situación de vulnerabilidad y miedo. En su documental «Diario de mi sextorsión», Franquesa narra cómo la falta de sensibilidad y profesionalismo de las autoridades al presentar su denuncia agravó su sentimiento de vergüenza y vulnerabilidad. A través de su película, busca visibilizar la violencia digital y contribuir al debate sobre la necesidad de leyes más efectivas y apoyo institucional, como la Ley Olimpia, implementada en México y replicada en otros países. El País
En un país donde la violencia contra las mujeres toma cada vez formas más sofisticadas, la lucha contra la violencia digital no solo implica leyes, sino también transformaciones culturales profundas que garanticen a las mujeres y niñas una vida libre de violencia en todos los espacios —incluidos los virtuales.
